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A 32 años del Juicio a las Juntas Militares


El Gobernador Alfredo Cornejo; la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Claudia Najul, y la directora de Derechos Humanos, Luz Faingold, brindaron una charla para estudiantes de abogacía de la Universidad Nacional de Cuyo, con motivo de conmemorarse el 22 de abril un nuevo aniversario del inicio del Juicio a las Juntas Militares. Fue en el Espacio para la Memoria (EPM), ex D2, y asistieron también la delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gladys Cardone, y la responsable del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, Noelia Santino.

El Gobernador abrió la jornada y destacó la importancia de este aniversario,”un día importante en la historia de la Argentina”.

Cornejo recordó el inicio del Juicio a las Juntas como un “momento valiente de la democracia” y resaltó la figura de Raúl Alfonsín. “Fue un político comprometido con los derechos humanos: creó la Conadep e impulsó los juicios. Él sabía cuál era el camino para pacificar el país, con justicia y sin violencia. En aquel momento había intentos de golpe de Estado promovidos por militares que buscaban la amnistía. Gracias a Alfonsín, esto no pasó y estoy muy orgulloso de eso”, dijo.

Reconoció además la valentía de jueces y fiscales, como Julio César Strassera, que llevaron adelante el juicio.

“Hay otros hitos en la lucha por  el cumplimiento de los derechos humanos, pero esta fecha es muy relevante. Nadie puede apropiarse de esta conquista. Es de todos. Nadie puede estar ajeno de la causa, ojalá se condene a todas las personas que en diferentes grados participaron en los actos de violación de los derechos humanos en la Argentina”, finalizó el Gobernador.

La actividad organizada por agrupaciones estudiantiles incluyó un recorrido por las instalaciones del EPM y una charla sobre aspectos históricos y la importancia de contar con políticas públicas en derechos humanos y los juicios de lesa humanidad que se llevan a cabo en la provincia.

“Es muy importante que los estudiantes de abogacía sepan de la importancia de las políticas de la memoria, verdad y justicia constitutivas de nuestra democracia y la importancia de no repetir un golpe al Estado de derechos de nuestro como ocurrió en la última dictadura militar”, expresó Luz Faingold, quien además compartió con los estudiantes su historia personal vinculada a la detención padecida en 1975, cuando era estudiante.

Faingold fue secuestrada a los 17 años por la Policía de Mendoza, el 28 de agosto de 1975. Fue trasladada al entonces D2, donde permaneció una semana bajo tortura y vejámenes que sistemáticamente se cometían en aquel centro clandestino de detención. Posteriormente fue trasladada al hogar de menores “Niñas de Ayohúma”, para finalmente exiliarse a Uruguay y Francia. Su retorno se produjo en 1984, diez meses después de la asunción de Raúl Alfonsín. Su causa es una de las que integra el actual procesamiento desarrollado en el IV juicio de lesa humanidad, iniciado en febrero de 2014.

“Para mí fue un recuerdo muy fuerte ver entrar a mucha gente encapuchada en esa madrugada por la playa del estacionamiento del ex D2. Ese lugar tiene un valor para mí, porque todos los detenidos sobrevivientes cuentan que entraron por ahí”, recordó Luz en el lugar donde 300 personas han declarado haber estado detenidas durante la última dictadura cívico militar.

“Mi idea es que en el futuro ese lugar sea más grande, y poder convertirlo en un espacio más amplio como un polo para la memoria y la cultura”, señaló Faingold.

El inicio del Juicio a las Juntas Militares

Luego de 7 años de dictadura militar, el 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la Presidencia de La Nación. A pocos días de ser proclamado Presidente, dictó el Decreto 158/83, por el cual ordenó enjuiciar a los “integrantes de la junta militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes”.

El Juicio a las Juntas Militares comenzó el 22 de abril de 1985 y se extendió hasta diciembre de ese mismo año. Entre el 22 de abril y el 14 de agosto se llevaron a cabo las audiencias orales donde prestaron declaración testimonial acusados y testigos citados tanto por la fiscalía como por los defensores de los acusados. El alegato de la fiscalía finalizó el 18 de setiembre. Durante octubre y noviembre se realizaron las audiencias para los alegatos de los defensores de las excomandantes. Finalmente, el 9 de diciembre de 1985, se leyó la sentencia.

Tras el análisis de 281 casos presentados durante el juicio, la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional condenó a los acusados Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a la pena de reclusión perpetua; a Orlando Ramón Agosti, a cuatro años y seis meses de prisión; a Roberto Eduardo Viola, a diecisiete años de prisión y a Armando Lambruschini a la pena de ocho años de prisión, con accesoria de inhabilitación absoluta perpetua en todos los casos. Mientras que resultaron absueltos Omar Domingo Rubens Graffigna y los integrantes de la tercera junta: Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo.