Coparticipación provincial: pedido al Ejecutivo Nacional

En defensa de los intereses patrimoniales de la provincia de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo, con la intervención del Fiscal de Estado Fernando Simón, instruyó al asesor de Gobierno para pedir una solución en la necesaria rediscusión de las pautas y forma en la que se realiza el reparto de los fondos coparticipables entre la Nación y las provincias.

En este marco, se ha solicitado al Ejecutivo Nacional a que disponga un espacio de diálogo federal en el que todos los actores del sistema puedan determinar nuevos esquemas, que reconociendo los derechos de la Provincia, que en su cuota de los recursos impositivos y que forman parte de la masa coparticipable, tiendan a mejorar la actual situación de Mendoza.

Es importante destacar que la presentación se realizó el 30 de diciembre con el objetivo de que se disponga del cese de las detracciones y restitución de las sumas detraídas a la Provincia de Mendoza por aplicación del artículo 76 de la Ley N° 26.078, de los artículos 1°, inciso a), y 4° del Decreto N° 1.399/01, y demás normativa aplicable, cuya inconstitucionalidad fuera declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas de cinco provincias: CSJ 538/2009 (45-S)/CS1 “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, CSJ 191/2009 (45-S)/CS1 “San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos”, CSJ 786/2013 (49-C) /CS1 “Córdoba, Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ medida cautelar”, CSJ 539/2009 (45-S) CS1 “Santa Fe c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” y CSJ 1039/2008 (44-S)/CS1 “San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional y otra s/ cobro de pesos”.

Cabe recordar que el pedido surge a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que  dio a favor de las provincias que reclamaron la quita ilegal de fondos coparticipables federales. En este sentido, el presente pedido es la continuidad de los trámites que la Fiscalía de Estado inició  a fines de noviembre del 2015. Dichos trámites se realizaron  para buscar las compensaciones respectivas, tras por lo menos cinco años de descuentos indebidos por parte del Gobierno nacional.