Cornejo: “Un Estado ágil lo hace personal administrativo, político y legislación que acompañe”

En el cuarto piso de la Casa de Gobierno, el Gobernador Alfredo Cornejo, junto al ministro de gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, presentó la modificación del Proyecto de Ley 3909 de Procedimiento Administrativo de la Provincia.

Los objetivos de la ley son generar un nuevo esquema de protección de derechos, aplicar nuevas tecnologías, implementar un nuevo sistema de derechos, agilizar la resolución de conflictos y brindar seguridad jurídica. “Un estado ágil lo hace personal administrativo, político y legislación que acompañe”, afirmó el Gobernador Alfredo Cornejo

“Al iniciar el Gobierno, nos propusimos una amplia modificación del funcionamiento del Estado con el objeto de prestar mejores servicios. Para eso se requiere una reforma estatal, lo que significa modificar sus normas”, así lo aseguró el mandatario, al tiempo que explicó: “Hace 44 años se sancionaba la Ley 3909 que, desde luego, cumplía con la necesidad de normar la manera en que el Estado tomaba sus decisiones y en que los administrados podían controlar y reclamar esas decisiones, pero está desajustada a los cambios sociales y tecnológicos”.

La norma está vigente desde 1973, por ese motivo el anteproyecto es un norte en la política del actual Gobierno con respecto a la legislación del derecho administrativo. La necesaria modernización del Estado, en este sentido, se implementa mediante la incorporación de nuevos sistemas y tecnologías que redundan en el beneficio del colectivo social.

El Gobernador recordó, como parte de la modernización que requiere la Provincia y el Estado: “Hemos modificado el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, hemos enviado un proyecto del Código Procesal Civil, que ya se está tratando en la Legislatura; propusimos un sistema de conciliación obligatoria en el campo laboral y ya está en tratamiento y existe una modificación al Código Procesal Laboral”.

Por último Cornejo, dio a conocer los objetivos del proyecto:

• Lograr mayor seguridad jurídica, al fijar los principios generales del procedimiento administrativo y ordenar una revisión de todos los procedimientos especiales a fin de unificar plazos y reglas de actuación.
• Lograr una mayor agilidad y transparencia en la gestión administrativa, con la recepción del sistema de gestión electrónica de documentos y notificación (expediente electrónico) que ya estamos aplicando en varias oficinas.
• Simplificar el sistema de recurso administrativos, eliminando la necesidad de recorrer el largo camino con obstáculos que es hoy lograr la revisión de un acto administrativo, acortando así los plazos.
• Generar un sistema cautelar en sede administrativa que logre evitar la alta judicialización de cuestión de administración mediante los amparos de urgimiento (amparo por mora).
• Receptar la moderna doctrina y jurisprudencia en materia de procedimientos, que obviamente no contenía la Ley 3909.

Remarcó Cornejo: “Vamos a tomar íntegramente el trabajo de la comisión y se va a convertir en el proyecto de ley que enviaremos a la Legislatura, porque creemos que es una demanda ciudadana que quiere un Estado más ágil”. Y concluyó: “Es de vital importancia que la regulación del procedimiento administrativo pueda estar a la altura de estos nuevos tiempos, ya que un sistema jurídico que garantice soluciones más pertinentes y tempranas a los administrados es un vehículo que inexorablemente lleva a la realización de la tutela efectiva de los derechos”.

En tanto, Garay expresó: “Esta comisión ha trabajado un año con prestigiosos profesores de derecho administrativo, abogados del medio, abogados que trabajan en el Gobierno para llegar a un anteproyecto que modifica integralmente una ley que tiene 44 años de vigencia: la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula cómo el Estado tiene que resolver sus cuestiones y cómo ese Estado se comunica con el administrado. Y al referirme al Estado incluyo al Estado municipal, judicial, al Poder Legislativo, porque regula el ejercicio del poder público”.

“Es importante contar con un instrumento que sea más eficaz en las nuevas tecnologías para lograr mayor agilidad”, afirmó el ministro, y destacó: “Hemos proyectado una reforma que reduce sustancialmente los plazos en los reclamos administrativos; elimina los recursos administrativos por la vía que hoy tenemos, en los que, por ejemplo, un docente que quería impugnar una decisión de un director debía esperar cuatro o cinco años, porque los recursos administrativos que tenía que presentar no menos de cinco”.

Explicó: “Estamos logrando la incorporación directa y para quedarse de todo el sistema de documento y notificación electrónicos para expedientes. Generamos todo un sistema de principios de legitimación más amplio para poder reclamar al Estado, y extendimos los plazos para recurrir, porque eran muy cortos. Generamos también una nueva modalidad, en la que las notificaciones cambiarán. Es decir, se trata de un nuevo sistema para el administrado, y lo está haciendo un Gobierno que lleva un año de gestión y que está pidiendo una ley que garantice más control del Estado pero también que les dé herramientas a los empleados estatales para que sus actos (inspecciones, clausuras, aceptación de renuncias, nombramientos y otros) tengan reglas claras”.

El presidente de la Comisión de Reforma de la Ley, Jorge Sarmiento García, agradeció por la confianza del mandatario “por encomendarnos la tarea de revisar y remozar aquellas leyes con el objeto de que sirvan a esta nuestra patria chica por varios años”.

Comentó que este trabajo es ad honorem, “por el honor de servir a esta comunidad política que integramos y a la cual tanto debemos”. Luego destacó que firman el anteproyecto todos los miembros de la comisión: “Es digno de alabanza que el Gobierno en el ejercicio de su poder político decide mejorar sus procesos de control, espero que pase a la Legislatura luego del análisis del Poder Ejecutivo”.

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