El Gobierno de Mendoza invierte $2.200 millones en infraestructura carcelaria
El Gobernador Alfredo Cornejo anunció en el acto de apertura de las Sesiones Ordinarias 2017, que enviará a la Legislatura Provincial una nueva ley que obligará a los presos a trabajar en las cárceles y que modifica la actual Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº8465.
En este marco, desde la Subsecretaría de Obras Públicas explicaron el plan de infraestructura carcelaria que se está llevando a cabo y que se basa en el armado de proyectos, licitaciones, adjudicación y supervisión de obras para infraestructura en materia de seguridad. El objetivo es intervenir dependencias penitenciarias con obras menores y mayores para la protección de la vida, la libertad y los bienes de las personas.
Se trata de un plan de 14 obras que se encuentran en diversos momentos del proceso licitatorio. Algunas de estas tareas ya se están ejecutando, mientras otras aún ultiman detalles para su licitación.
Dentro de este plan, los dos proyectos más emblemáticos son Almafuerte II y la Cárcel Federal. En el primer caso, la licitación ya fue convocada para el 9 de junio y se trata de un proyecto que se ubicará a 300 metros al este de Almafuerte I. Tendrá cinco pabellones, dos de baja seguridad, dos de mediana y uno de máxima, así como instalaciones administrativas y de servicios para alojar hasta 1.046 internos, con una inversión de $1.240 millones.
Mientras que el Centro Federal Penitenciario de Cuyo tendrá una capacidad para alojar a 536 personas y se construye en un terreno de 50 hectáreas donadas por la Provincia en la localidad de Cacheuta. En los 32.000m2 de superficie bruta, confluirán el Instituto Penitenciario Federal de Cuyo para varones, con 392 plazas; el Instituto Correccional de Cuyo para Mujeres, con 112; y el Instituto Abierto, con capacidad para 32 internos. Con una inversión de $600 millones, se están armando los pliegos licitatorios para llamar nuevamente a su construcción ya que se encuentra paralizada y con un 50% de avance.
En ejecución se encuentran las obras de los separadores de pabellones en San Felipe y la construcción de oficinas para magistrados en Boulogne Sur Mer. Con el proyecto ejecutivo completo y en la etapa de imputación presupuestaria, aparece la construcción de la Colonia Penal Sixto Segura, en San Rafael con una inversión de $31 millones y la ampliación de las áreas administrativas de El Borbollón, en Guaymallén, con un presupuesto de $ 10 millones.
La construcción del Instituto de Formación Penitenciaria de San Felipe; el establecimiento Penitenciario San Rafael; la Colonia Penal de Gustavo André y las Alcaldías de Boulogne Sur Mer, Tunuyán, Corredor del Oeste y Hospital El Sauce, así como la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales para Almafuerte I, II y la Cárcel Federal se encuentran en proceso de armado de proyectos o anteproyectos para posteriormente llamar a licitación.