El Gobierno presentó un documento sobre la revisión tarifaria integral del servicio eléctrico
El Gobierno, representado en esta ocasión por el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, solicitó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que considere la ampliación de criterios para acceder a la Tarifa Social, permitiendo que puedan ingresar a este beneficio las entidades esenciales, como sucedió con la tarifa del gas.
El ENRE convocó a esta nueva audiencia pública para tratar los siguientes temas:
-Los precios de referencia estacionales en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
-El plan de estímulo al ahorro de energía.
-La tarifa social para los usuarios que la necesiten.
-La propuesta tarifaria.
Puntos destacados del documento
– Que el ENRE analice las propuestas de las dos empresas transportistas, teniendo en cuenta costos eficientes y que no sean excesivos, ya que afectarían directamente al usuario.
– Que los aumentos tengan relación con la prestación del servicio.
– Que se amplíe el acceso de beneficiarios a la Tarifa Social, como ocurrió con la tarifa del gas (hoy sólo acceden a este beneficio los usuarios residenciales) para usuarios esenciales: centros asistenciales públicos, entidades educativas públicas de cualquier nivel, entidades religiosas que acrediten tal condición, asociaciones civiles sin fines de lucro, asociaciones sindicales, gremiales o mutuales que realicen en el domicilio de consumo actividades de índole social (institutos, comedores comunitarios, centros de recuperación, etc.), entidades públicas nacionales, provinciales o municipales, en tanto no desempeñen actividades comerciales o industriales.
En primer lugar, el Gobierno indica: “Dada la celeridad con que el procedimiento de revisión tarifaria ha sido llevado adelante por el ENRE, celeridad justificada por la necesidad de normalizar los precios y tarifas en toda la cadena sectorial eléctrica, enfatizamos que no ha habido tiempo suficiente para que, con los recursos disponibles en nuestra jurisdicción, podamos analizar detalladamente la estructura de costos e inversiones presentada por la empresa”.
Sin embargo, el Ejecutivo solicitó al ENRE que al analizar las propuestas presentadas por las empresas que se encargan del transporte de la electricidad tengan en cuenta costos eficientes y razonables atendiendo a la sustentabilidad del servicio. Por su parte, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), deberá realizar un minucioso análisis de los componentes del Requerimiento de Ingresos por parte de las empresas, ya que de aceptarse la propuesta, tendría un considerable impacto en la tarifa local.
En la audiencia, Distrocuyo SA solicitó que se tenga en cuenta “que la cobertura de costos operacionales que se apruebe sea una cobertura de costos eficientes acorde a la realidad y calidad de los servicios prestados; que se privilegien en el Requerimiento de Ingresos que finalmente disponga ese ente; que las necesarias inversiones de reposición y modernización de equipamiento ya obsoleto que pone en riesgo el servicio público en toda la provincia, que se verifique la ausencia total de inclusión de costos de la destacada Actividad No Regulada de esta transportista en los costos reconocidos en las tarifas de transporte, transformación y conexión; que eventualmente, dada la magnitud alcanzada por la Actividad No Regulada, que suma ingresos que multiplican varias veces los actuales ingresos tarifarios, se separen las bases de capital de ambas actividades, en una nueva revisión de lo dispuesto en la RTI de 1999, y eventualmente se analice y disponga en uso de las facultades regulatorias, la separación de dichas actividades en empresas diferentes”.
Respecto de la propuesta tarifaria de Transener (otra de las transportistas), señala: “El Gobierno de Mendoza afronta para el año 2017 un costo del servicio de energía eléctrica de $181 millones de pesos, con un precio mayorista de la energía fijado para la mayoría de sus suministros eléctricos en un valor estacional de la energía de $317,09 MW/H. Sin embargo, el precio actual de generación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) es de $993MW/H (año móvil), lo que implica que en caso de disponerse la quita total de subsidios, el costo eléctrico podría incrementarse de manera sustancial, afectando significativamente las finanzas públicas y por ende la prestación de servicios de educación, salud, seguridad, que resultan indispensables para la comunidad”.