Firmaron el convenio para traspaso de la nueva cárcel
Autoridades del Servicio Penitenciario Federal y del Ministerio de Seguridad estuvieron presentes en la firma del convenio que permite el traspaso a manos del Gobierno de Mendoza la construcción de la nueva cárcel.
Luego de que se presentara el proyecto, y se hiciera efectivo el llamado a licitación para la construcción del Complejo Penitenciario Almafuerte II, en Cacheuta, representantes nacionales realizaron la entrega del predio y obra que le permitirá a la provincia no sólo transformarse en uno de los principales centros de seguridad del país sino también disminuir índices de sobrepoblación carcelaria actual.
El ministro de Seguridad, Gianni Venier, explicó que “a fines del año pasado se había firmado la formulación jurídica en donde la Nación le confiaba a la Provincia la realización de la obra. Esto es algo muy importante si se tienen en cuenta la magnitud y las características de la obra, que si bien tiene un avance significativo, aún le resta mucho para ser terminada”.
Asimismo, Venier expresó que “desde el Gobierno provincial propusimos llevar adelante la ejecución del proyecto. Es por este motivo que la firma de este convenio implica el traspaso material y toma de posesión del inmueble, es decir que a partir de hoy la llave pertenece a la Provincia”.
La obra
El complejo Federal se encuentra ubicado en Cacheuta, y tendrá, una vez finalizada la obra, características similares a lo que será la construcción Almafuerte II, ya que la cantidad de planos supera en ambos casos los 700.
El nuevo concepto bajo el cual se edificará el complejo, tendrá modificaciones que implican nuevas técnicas, como por ejemplo, pasar del pabellón al módulo para que las personas privadas de libertad puedan convivir sin conflictos y en buenas condiciones habitacionales.
Este proyecto, que estará a cargo del Servicio Penitenciario provincial y el Ministerio de Infraestructura, le permitirá a la provincia no sólo hacer el llamado a licitación, sino también reubicar a los internos detenidos por delitos federales para disminuir la sobrepoblación carcelaria que tiene actualmente la provincia.