Hacienda firmó un convenio con la UNCuyo para auditar juicios de los ex bancos oficiales
El Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la Dirección de Administración de Activos de Ex Bancos Oficiales (DAABO), firmó un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.
El motivo es instrumentar y realizar una exhaustiva verificación, auditoría y relevamiento de todos aquellos procesos judiciales dependientes de los ex bancos oficiales que el 14 de abril de 2012 volvieron a depender de la Provincia.
En 2012, la Provincia de Mendoza dispuso no prorrogar el contrato de gestión de cobranza con la empresa encargada de la recuperación de las deudas emergentes de la privatización de los ex bancos oficiales, por lo que la DAABO retomó la administración de dichos créditos. Sin embargo, en ese momento, no medió verificación ni constatación alguna respecto del estado de los procesos que se estaban recibiendo.
La auditoria consistirá en la determinación del estado actual de las causas, con el objetivo de depurar y actualizar los archivos y bases de datos existentes en la dirección y la elaboración de un informe final y concluyente que determine la viabilidad o no acerca de los juicios.
El director de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda, Gustavo Riera, se refirió al acuerdo: “Contactamos a la Universidad Nacional de Cuyo para que, a través de profesionales prestigiosos y estudiantes avanzados de la Facultad de Derecho, podamos obtener un claro panorama de la situación actual de los juicios que debe cobrar la Provincia”.
Además, el director agregó que dentro del universo de juicios hay procesos que se tramitan no sólo en las distintas circunscripciones judiciales de Mendoza sino en otras provincias y que “esta auditoría es fundamental para determinar el valor real de los activos que tiene que cobrar la Provincia por estos juicios.”
Por su parte, el director de la DAABO, Mauricio Iglesias, dijo: “Nos pone muy contentos haber dado este paso que permitirá identificar la situación de cada uno de los más de 18.000 procesos judiciales que actualmente tenemos abiertos y despejar el panorama para considerar cuál es el mejor camino a seguir”.
“Esta es una de las principales decisiones que hemos tomado para ordenar el organismo, junto con la liquidación de los inmuebles que hoy no están en uso pero sí generan gastos a la Provincia, y la consolidación de una única base de deudores, junto con su carga en el sistema Sidico de Contaduría”, finalizó Iglesias.