Hasta el 9 de junio se recibirán aportes para la política de Estado minera
El documento preliminar de la Política de Estado para el desarrollo de la minería en Mendoza, publicado en el sitio de internet del Espacio de Diálogo desde principios de mayo, se encuentra en su etapa final a la espera de los nuevos aportes, que serán recibidos hasta el 9 de junio.
Luego de anunciar el 5 de mayo la publicación del informe, la Subsecretaria de Energía y Minería ofreció una nueva oportunidad para recibir comentarios de quienes participaron en el Espacio de Diálogo y del público en general, que serán analizados previos a la entrega del informe final al Gobernador, Alfredo Cornejo.
Los aportes deberán ser remitidos al correo electrónico espaciodedialogo@mendoza.gov.ar indicando nombre completo, DNI e institución, empresa u organismo donde pertenecen, para ser compartidos en el sitio de internet del Espacio de Diálogo: www.mendoza.gov.ar/economia/espacio-de-dialogo-mineria-para-un-desarrollo-sustentable/.
El subsecretario Emilio Guiñazú destacó que “sin lugar a dudas, la creación de esta política minera será la conclusión de un proceso, no de un capricho, ya que este informe es el resultado de un gran esfuerzo y profesionalismo que se desarrollo durante meses de trabajo”. El objetivo de este proceso es elaborar un documento que garantice que la actividad se desarrolle de manera correcta y segura, reduciendo los riesgos y las barreras que limitan el desarrollo del sector minero y potenciando las oportunidades para la provincia.
Documento preliminar
Entre los puntos más destacables se incluyen planes de apoyo y capacitación para los pequeños emprendimientos mineros, posibilidades de desarrollo de infraestructura, fortalecimiento institucional y de participación comunitaria y una política que permitirá que el desarrollo de la actividad sea acompañado de un balance neto positivo en términos de disponibilidad de agua y energía.
Otro aspecto considerado es la promoción de las tareas de prospección y exploración y los factores que hoy impiden el desarrollo de estas actividades que son fundamentales para cumplir con el objetivo de la política: tener un sector armónicamente integrado a la economía provincial, que la dinamice y que tenga sustentabilidad en el tiempo.
También se proponen mecanismos para que parte de la renta minera, que se lleva la Nación a través de los impuestos nacionales, vuelva hacia las regiones donde se ejecutan los proyectos mineros en forma de planes de desarrollo social e infraestructura. La dimensión territorial también se tuvo en cuenta y los trabajos se concentrarán, en una primera etapa, en aquellas regiones donde exista potencial y haya soporte de la comunidad hacia la actividad, como es el caso de Malargüe, y se dejará para etapas de mayor maduración de la industria a regiones en las que la comunidad prefiera orientar sus capacidades productivas hacia otras actividades, como el Valle de Uco.
La política propuesta se enmarca en el cumplimiento de las leyes nacionales y provinciales, especialmente la Ley 7.722.