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Jornadas de presentación del Proyecto de Reformas a la Ley de Procedimiento Administrativo 3909


En el acto de apertura de las Jornadas de presentación del Proyecto de Reformas a la Ley de Procedimiento Administrativo 3909, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, destacó: “Esta comisión ha trabajado un año con prestigiosos profesores de derecho administrativo, abogados del medio y abogados que se desempeñan en el Gobierno, y se ha logrado un proyecto que hoy, miércoles 10, ha ingresado a la Cámara de Diputados”.

El ministro explicó: “Es un proyecto de reforma integral de la Ley de Procedimiento Administrativo que intenta avanzar en la modernización del Estado, recepta desde la ley todo el expediente electrónico y todo el sistema de notificación y gestión de documentación electrónica y emisión de actos administrativos con firma digital. También se pretende una reducción sustancial en el sistema recursivo, que muchas veces es un camino de obstáculos para llegar a un solo recurso obligatorio y, de ahí, ir a una instancia judicial. Esto implica que el control administrativo, cuando uno no está de acuerdo, va a demorar no más de 5 meses e, inmediatamente, va a pasar a la órbita judicial si es que el administrado así lo quiere”.

El ministro manifestó que “la ley de procedimiento administrativo se aplica a todo el Estado: a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, municipios, entes descentralizados. Es una norma que rige todos los entes, los que ejercen función pública y no. Por ejemplo, Colegio de Abogados, la Caja Forense, todo se aplica o se rige por la Ley de Procedimiento Administrativo”.

“La Ley de Procedimiento Administrativo fue innovadora para su época. Las fallas que tenía o las ausencias de ciertas cuestiones temáticas las fueron supliendo la jurisprudencia  y la propia interpretación que hacían los organismos letrados de los ministerios. Lo que hemos logrado con esto es pasar a norma positiva, norma escrita, todo lo que decía la jurisprudencia o la doctrina o entendíamos que era necesario que se incluyera. Por lo tanto, esto termina dando un cierre a una norma de 44 años de vigencia sin modificaciones y que hoy, de ser aprobada, va a ser el fruto de un trabajo muy a conciencia, porque ha recepcionado, tanto de la jurisprudencia nacional como provincial, lo mejor en doctrina de derecho administrativo.”