Megajuicio: comenzó la etapa testimonial de la defensa
En el IV Juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Tribunales Federales Mendoza comenzó hoy la etapa testimonial con testigos ofrecidos por la defensa de los acusados.
El abogado Luis Alberto Leiva fue citado como testigo en la defensa de los exmagistrados Otilio Roque Romano y Luis Miret.
Leiva inició su declaración considerándose amigo personal de Romano y destacó una relación amistosa con Miret y Petra. Prosiguió reseñando su desempeño en la Cámara Federal donde ingresó como prosecretario administrativo en octubre de 1976, para al año siguiente trabajar en la Secretaría Penal hasta renunciar en julio del ‘78. Leiva regresó a la Justicia Federal en 1993 hasta ser destituido en el 2002.
Sobre los hechos que forman parte de las causas que investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar, el letrado expresó que “en ese momento no había posibilidad de saber nada sobre lo que sucedía”. En este sentido negó tener conocimiento sobre omisiones o faltas de conductas que presumieran connivencia entre el aparato militar y la Justicia Federal de aquel entonces.
Indagado por la Fiscalía, el declarante expresó que en ocasiones los miembros del juzgado fueron blanco de amenazas a las que calificó como “duales” en cuanto a su origen, y en este sentido señaló al Grupo de Oficiales Jóvenes (GOJ).
Sobre la cantidad de habeas corpus que fueran presentados cuando se desempeñaba como Prosecretario de Cámara en el Juzgado Federal, expresó que éstos eran “reiteraciones” y sobre el seguimientos de los mismos dijo: “El juez Guzzo era muy personal con los expedientes de la 20840, siempre dijo que los resolvía él. Por eso jamás nos dejó hacer procesamiento o dictar sentencia”.
En su declaración, Leiva sostuvo que la tramitación de los habeas corpus era de pronta respuesta y negó que las notificaciones de los mismos hayan sido colocadas en un “gancho de carnicero” como aseguran una decena de testimonios. “Si alguien dijo que había un gancho, o yo no le he visto o están mintiendo”, expresó.
Por su parte, el abogado Juan Carlos Aguinaga declaró que “ejerció la defensa de personas acusadas por la Ley 20840” y que como abogado “desarrolló tales acciones con normalidad dentro de la Justicia”. En este sentido mencionó que el rechazo de los habeas corpus se debía a que tales personas quedaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) e insistió con que “los trámites eran llevados absolutamente de acuerdo a la ley”.
Sobre casos de secuestros y desapariciones, el testigo mencionó “que algo se comentaba sobre eso pero no sobre tortura”. Tampoco dijo saber entonces sobre las torturas cometidas en el D2, posteriormente denunciadas.
Finalmente, sobre sus colegas ahora juzgados expresó: “No los ubico como cómplices de la dictadura, era una presión general que se ejercía sobre todo. En alguna medida todos éramos víctimas de una fuerte presión externa”.
Finalizando su declaración Aguinaga dijo que “los militares no querían ningún juzgamiento, querían el aniquilamiento de la guerrilla y esto lo vinimos a saber después, en aquel momento no teníamos ni idea de lo que estaba pasando”. Y parafraseando a su colega sentenció: “Es como leer el diario del lunes”.
Dos testigos cerraron las testimoniales de la Fiscalía
Las testimoniales por parte de la Fiscalía y Querella fueron brindadas por Patricia Talquenca y Cristina Nieva.
Por una parte, Patricia Mónica Talquenca dio testimonio sobre el secuestro ilegal y posterior desaparición de sus hermanos Hugo Alfredo y Julio Félix Talquenca.
Los hermanos Talquenca vivían en Maipú junto a sus padres y su hermana Patricia. Hugo Alfredo tenía 21 años, estudiaba para maestro mayor de obra en el colegio Pablo Nogués y simpatizaba con las ideas del socialismo. Julio Félix, tenía 24 años y trabajaba como albañil junto a su padre.
De acuerdo a lo expresado por la testigo, el 14 de mayo de 1976 en horas de la madrugada un grupo de militares cercaron la cuadra, irrumpieron en la vivienda violentamente y redujeron a los cinco integrantes de la familia. “Era un grupo numeroso de personas de civil y con uniformes de militares y policías”, expresó Patricia al describir el operativo en el que tras saquear las pertenencias y sustraer fotografías Hugo y Julio fueron detenidos ilegalmente. “Se los llevaron envueltos en sábanas”, agregó la testigo que para entonces tenía trece años.
“Nunca supimos porqué se los llevaron. Suponemos que fue por las ideas de mi hermano menor, y como dormían en la misma habitación se llevaron a los dos”, expresó Patricia que prosiguió relatando sobre las averiguaciones realizadas en comisarías, en el Comando; y las acciones realizadas ante la Justicia.
La familia Talquenca presentó cinco habeas corpus de los cuales nunca obtuvo respuesta. “Todos sabemos que fueron torturados y asesinados por tener una idea diferente”, finalizó su testimonio.
Por otra parte, Cristina Berta Nieva prestó declaración sobre la causa que investiga el secuestro ilegal padecido por su hermano Juan Carlos.
En la reconstrucción del hecho, la testigo recordó que para el año 1976, su hermano trabajaba en YPF, era delegado de los petroleros y estudiaba en la Universidad Tecnológica Nacional y vivía con su familia en el Barrio Fush.
En su relato reconstruyó el episodio ocurrido una noche de agosto de 1976 cuando un grupo de militares arribó a la casa paterna, ubicada en el Barrio Avenida. “Llegaron con la orden de llevarse a Juan Carlos pero al no encontrarlo se llevaron de rehén a mi otro hermano, Manuel; lo amenazaron para que les dijera dónde vivía”, recordó Cristina. Y agregó: “Cuando llegamos a la casa de Juan Carlos vimos que habían repetido la misma metodología, rompieron todo. Allí dejaron a Manuel y se llevaron a Juan Carlos”.
“No destruían una persona, destruían familias”
Juan Carlos pasó dieciocho horas secuestrado sin causa alguna. Por sus comentarios posteriores, supuso que estuvo en uno de los centros de detención militar al escuchar que los oficiales se dirigían entre sí por grados militares. En ese lugar que no pudo precisar fue víctima de tortura. Al quedar en libertad, su nombre pasó a integrar las listas negras que se encontraban en la administración de YPF y por eso perdió su trabajo.
Sobre este hecho, la testigo cerró su testimonio al reflexionar: “Mi teoría es que el gobierno militar no quería gente preparada, preocupada por sus compañeros, comprometidos”.
Finalmente, un nuevo cuarto intermedio pospuso la etapa testimonial hasta el próximo lunes 10 a las 09.30. El juicio continuará desarrollándose en el primer piso del Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº1.