Mendoza concluirá las obras del Centro Federal Penitenciario de Cuyo, en Luján
El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó hoy un acuerdo mediante el cual la Provincia recibirá los recursos para finalizar la construcción del Centro Federal Penitenciario, que funcionará en el predio del penal de Almafuerte, en Luján de Cuyo.
En conferencia de prensa, los ministros Dalmiro Garay, de Gobierno; Enrique Vaquié, de Infraestructura; Martín Kerchner, de Hacienda, y Gianni Venier, de Seguridad, brindaron detalles de la obra que permitirá liberar casi 600 plazas de los establecimientos penitenciarios mendocinos y, de este modo, mejorar las condiciones de vida de las personas allí alojadas.
“Desde que asumimos nos pusimos a trabajar seriamente en el problema del sistema carcelario que tiene la provincia de Mendoza. Dentro de ese problema, un elemento no menor era la cantidad de presos federales que albergamos en nuestras unidades carcelarias, por lo que le pedimos a la Nación que reanudara la construcción de la cárcel”, explicó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay.
Garay describió el proceso que ante el pedido de Mendoza inició el Estado nacional para poner en marcha la construcción. Ante la rescisión del contrato con la empresa constructora, finalmente la Nación aceptó delegar la finalización de la obra al Estado provincial.
“Hemos obtenido un voto de confianza de la Nación, que aceptó que el Gobernador Cornejo culmine esta obra que hace muchísimo tiempo veníamos solicitando y que representará una enorme diferencia para el Sistema Penitenciario Provincial”, afirmó el ministro de Seguridad.
El Centro Federal Penitenciario Cuyo estará destinado a procesados y condenados por la Justicia Federal con asiento en Mendoza que se encuentren en establecimientos penitenciarios provinciales.
También se ha previsto recibir en las instalaciones a los procesados y condenados por la Justicia provincial considerados de “alto riesgo”, brindando las condiciones inherentes al tratamiento que indica la ley y garantizando la provisión de higiene, vestimenta, ropa, alimentación, seguridad y asistencia profesional. “Estimamos que con esto podremos habilitar una cantidad importante de plazas que la provincia hoy tiene ocupadas, mejoraremos el estándar internacional y cumpliremos los compromisos que hemos asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte en el seno del hábeas corpus vigente”, dijo Dalmiro Garay.
Inicialmente, para continuar la construcción, la Nación transferirá a la Provincia 58 millones de pesos que serán utilizados para el pago de adelantos y certificados de obras. El monto corresponde al saldo crediticio del 2016 que estaba destinado al proyecto. A partir de ese desembolso, se implementará un sistema de fondos rotativos que se recibirán conforme a la certificación de obras.
“El año pasado hicimos gestiones para que la empresa retomara y terminara el proceso que comenzó en 2011, y finalmente no se logró. Obviamente, nosotros no esperamos estar seis años para terminar lo que falta, sino que vamos a tratar de atar rigurosamente al plan de obras y que el complejo esté funcionando dentro de ese año y medio estipulado en la licitación”, explicó el ministro de Hacienda, Martín Kerchner.
Por su parte, el ministro de Infraestructura, Enrique Vaquié, estimó que los trabajos podrán retomarse dentro de tres meses. “Nos queda recibir del Gobierno nacional el relevamiento de lo ejecutado y los planos para realizar la licitación privada que habilita la Ley de Emergencia en Seguridad”, explicó el ministro. Y agregó: “La obra tiene un 45,5 % de avance (aproximadamente 20.000 m2 de obra gruesa) y requerirá una inversión aproximada de $500 millones con un plazo de 18 meses” .
La reactivación de las tareas del Centro Federal Penitenciario generará entre 400 y 600 puestos de trabajo.
Detalles del proyecto
El establecimiento contaría con 48.540 m2 entre cubiertos y semicubiertos y tres niveles: en el primero se encuentran las oficinas administrativas, casinos para penitenciarios, guardería para los hijos del personal, talleres de mantenimiento de vehículos y otros, abastecimiento de agua y energía eléctrica, seguridad externa (edificio de control vehicular) y conserjería (edificio de control de visitas de internos).
En el segundo nivel se ubican los edificios de la casa de preegreso (internos con salidas transitorias), cocina general, panadería, lavandería, asistencia médica, asistencia psicológica y social, juzgado de ejecución y oficinas administrativas Gecosepe (gestión, control y seguimiento de la pena), pabellón de admisión de internos y seguridad interna.
Por último, en el tercer nivel estarán ubicados los cuatro pabellones de alojamiento de mínima y mediana seguridad, con sus respectivos salones de usos múltiples (SUM) para cada uno; dos pabellones de máxima seguridad con sus respectivos servicios (que se integran al pabellón para cubrir los requerimientos de seguridad y necesidades de los internos); dos edificios educativos; talleres de trabajo y laborterapia; un área de culto; el Servicio Especial de Requisa Penitenciaria; el Servicio Especial de Traslado de Internos y un gran espacio central donde se ha previsto una cancha de fútbol reglamentaria para actividades deportivas, recreativas y espectáculos.