“Mendoza tiene una nueva herramienta para dinamizar la obra pública”
Con la presencia de los ministros de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri, y de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, la Cámara de Senadores sancionó esta mañana el proyecto de ley mediante el cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional 27328, que regula la ejecución de los proyectos de participación público-privada. La medida fue aprobada por 28 votos afirmativos, 4 negativos y una abstención, y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
“Es una herramienta necesaria que va a dinamizar y dar un impulso mucho más fuerte a todo lo que es obra pública para proyectos de infraestructura o de prestación de servicios”, aseguró el ministro Nieri al finalizar la sesión en el Senado.
Nieri agregó además que con la sanción de esta ley podrán seguir trabajando “en determinados proyectos que por tamaño de inversión y por la cantidad de años que exigen su recupero, al día de hoy costaba demasiado encontrar el inversor que aplique”.
El miembro informante fue el senador Jorge Palero, quien explicó que la propuesta fue tratada el miércoles pasado en la Comisión de Hacienda y que ayer fue invitado el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, quien aportó más datos. Palero también explicó que la ley prevé que se respeten los artículos de la Constitución Nacional y algunas leyes provinciales relacionadas al impacto ambiental y a la nueva Ley de Ordenamiento Territorial.
“Recibimos aportes muy interesantes por parte de la oposición que fueron incorporados por la Cámara de Diputados”, expuso el legislador.
Datos sobre la propuesta tratada
Los contratos regidos por este régimen serán una modalidad alternativa a las leyes de obra pública, concesiones de obras y servicios públicos y régimen de contrataciones.
La iniciativa contempla el impacto ambiental, a los fines de la promoción de la protección y cuidado ambiental, previsto en las normas reglamentarias vigentes, y aclara que sin perjuicio de las preferencias a empresas, pequeñas y medianas o industria nacionales, los pliegos podrán disponer preferencias a empresas radicadas en la provincia. Además, establece la constitución de una Comisión Bicameral de Seguimientos de Contratos de Participación Público-Privada, que estará integrada de la forma que determinen las respectivas cámaras, con las mismas atribuciones de contralor, número máximo de integrantes y participación proporcional de las fuerzas políticas.