Tarifa del gas: el Gobierno avanza en gestiones ante la Nación por los aumentos
El Gobierno de la Provincia, a través de un documento firmado por el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, realizó una presentación formal para poner en conocimiento de las autoridades nacionales, del impacto provocado en Mendoza por los aumentos dispuestos en la tarifa del gas, de la “Distribuidora de Gas Cuyana SA”, a través de las resoluciones de Enargas N° 1/3730 y las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación N° 28/2016 y N° 31/2016.
El documento argumenta que se han generado serias dificultades en la población, ante la imposibilidad de hacer frente al pago de las facturas que incluyen el incremento y que ya han comenzado a recibir los usuarios.
La situación provoca que los consumidores se encuentren frente a una circunstancia particular, ya que anteriormente los juzgados federales con asiento en la provincia habían suspendido los ajustes de tarifas en los últimos años, generando en la actualidad variaciones que en algunos casos superan el 1.500%.
A través del escrito, respaldado por el Gobernador Alfredo Cornejo, se le solicita al Ministerio de Energía y Minería de la Nación que convoque de inmediato a reuniones regionales, con el objetivo de abordar la problemática de los usuarios de comercio e industria que, con las tarifas actuales, ven peligrar la continuidad de sus actividades, con el complejo marco económico, político y social que esto implica. Además, el pedido directo al ministro Juan José Aranguren necesita de una respuesta inmediata, ya que los usuarios están recibiendo facturas de servicio con los nuevos valores, y que hay población vulnerable que no puede acogerse a los beneficios de la tarifa social, lo que pone en riesgo a gran parte de los usuarios.
Ante este escenario, el Gobierno de Mendoza solicitó una reconsideración de la situación actual, a los fines de adecuar las tarifas a un marco de necesaria razonabilidad y así evitar el sacrificio desmedido y desproporcionado de una importante cantidad de usuarios de este servicio.
Se pide también, que se disponga aplicar el ajuste establecido sobre los valores que actualmente se pagan con el amparo de las medidas judiciales y no sobre la tarifa plana. Además, el Gobierno provincial efectúa el pedido para que se comunique a la distribuidora la decisión de refacturar el servicio en base al criterio antes mencionado y que se disponga la obligación de no cortar el servicio.
El objetivo de esta presentación es que tomen dichas medidas con el compromiso de ir alcanzando el valor tarifario dispuesto en el plazo de un año a partir de su implementación, para permitir a los usuarios afrontar el pago con posibilidades reales de cancelación de las facturas. También se solicita que se instruya a la distribuidora para que dosifique los valores, contemplando que los consumos no son uniformes en tiempo y volumen durante el año, de modo tal que los montos de facturación sean equilibrados durante ese lapso.